En los últimos años, varios gobiernos locales y estatales han optado por incrementar la presencia de elementos de tránsito, así como por homologar funciones entre distintas corporaciones policiales. Estas decisiones, que han generado debate entre ciudadanos y especialistas, están profundamente relacionadas con el uso de los recursos recaudados a través de impuestos y multas de tránsito.

El camino del dinero

Las multas de tránsito no solo cumplen una función sancionadora; también representan una importante fuente de ingresos para los municipios. Estos recursos, en teoría, deben ser destinados al mejoramiento de la infraestructura vial, educación vial, modernización tecnológica y fortalecimiento institucional de los cuerpos de seguridad.

Sin embargo, en muchos casos el destino final de este dinero es opaco. “Existe una falta de transparencia sobre cuánto se recauda y en qué se invierte. En lugar de verse reflejado en mejores calles o semáforos inteligentes, a menudo se percibe como una forma encubierta de recaudación”, explica la especialista en políticas públicas, Laura Méndez.

Más elementos, más control

Uno de los argumentos principales para aumentar la plantilla de agentes de tránsito es la necesidad de mejorar la vigilancia y reducir la siniestralidad. No obstante, la estrategia también responde a una lógica recaudatoria. Más agentes en las calles implican mayor capacidad para imponer multas y, por ende, más ingresos.

Además, los gobiernos han buscado homologar funciones entre policías municipales, estatales y elementos de tránsito. Esto significa que ahora un mayor número de oficiales puede participar en tareas como el levantamiento de infracciones o la inspección vehicular, lo que amplía aún más la red de vigilancia, bajo la premisa del orden.

¿Prevención o presión?

La ciudadanía, sin embargo, percibe esta tendencia con escepticismo. “Parece que en lugar de prevenir accidentes, se busca multar lo más posible”, comenta Marco, un conductor habitual de transporte por aplicación. “Uno nunca sabe si una detención es por seguridad o por cumplir una cuota”.

Expertos coinciden en que la clave está en el equilibrio: sí se necesita una vigilancia más efectiva, pero acompañada de programas educativos, mejor señalización y una política fiscal clara y responsable. De lo contrario, el sistema corre el riesgo de volverse punitivo en lugar de preventivo.

La transparencia como base

Finalmente, la rendición de cuentas es esencial. La ciudadanía tiene derecho a saber cuántos recursos se obtienen por este medio y cómo se utilizan. Solo así se podrá cambiar la percepción de que las multas de tránsito son, en muchos casos, más un castigo económico que una herramienta de orden y seguridad vial.