En un mundo donde la diversidad cultural debería ser un motivo de orgullo y respeto, los pueblos originarios continúan siendo marginados, invisibilizados y, en muchos casos, criminalizados por ejercer su derecho a existir desde su propia identidad. Esta realidad no es ajena a México, país pluricultural cuya riqueza se cimenta, en buena parte, en los saberes, lenguas, prácticas y cosmovisiones de los pueblos indígenas. Sin embargo, también es uno de los países donde más se vulneran sus derechos.

El estado de Querétaro es hoy un ejemplo doloroso de esta contradicción. En el corazón de su capital, mujeres indígenas —muchas provenientes de comunidades otomíes— han sido hostigadas por autoridades municipales bajo el argumento de que “no tienen permiso” para vender sus productos en el centro histórico. Esta postura, que ignora deliberadamente su condición de grupo históricamente vulnerado y su derecho constitucional a mantener sus usos y costumbres, revela una política discriminatoria encubierta por tecnicismos burocráticos.

El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Reconoce su derecho a la libre determinación, a preservar su identidad y a acceder a recursos y oportunidades sin ser discriminados por su origen étnico. Prohíbe, además, cualquier forma de exclusión que derive de estas características.

Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Párrafo adicionado DOF 30-09-2024 A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: I. Decidir, conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo con esta Constitución, sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Es decir, ellos están amparados por la Constitución y aquí algunos funcionarios públicos, han argumentado que las y los indígenas no cuentan con un permiso como lo establece el reglamento municipal.

No obstante, lejos de respetar este marco legal, el gobierno municipal de Querétaro ha insistido en retirar a las comerciantes indígenas de sus espacios tradicionales de venta, obligándolas a instalarse en lugares designados por el municipio. Estos sitios, lejos de favorecer la economía de estas mujeres, han resultado en ventas nulas o mínimas, poniendo en riesgo su subsistencia y la de sus familias. Cuando ellas reclaman, se les tacha de intransigentes o irracionales, ignorando que detrás de su decisión hay razones históricas, culturales y económicas profundamente legítimas.

Este tipo de prácticas institucionales no son solo actos de omisión o negligencia; son una forma de violencia estructural. Son parte de un sistema que continúa subordinando a los pueblos indígenas, despojándolos de sus espacios y hacinándolos en otros, criminalizando su presencia en la vida pública y tratando de encasillarlos en moldes administrativos que no reconocen su realidad.

La cultura indígena no es una pieza de museo ni un ornamento turístico para celebrar en fechas patrias, ni para presumir a la muñeca Lele en el extranjero y aquí maltratar a las indígenas. Es una forma de vida, un conocimiento profundo del entorno, una historia milenaria que ha resistido siglos de colonización, discriminación y despojo. Cada mujer que vende sus bordados, artesanías o alimentos en las calles de Querétaro no solo ofrece un producto: ofrece dignidad, herencia y cultura viva. Ningún reglamento municipal puede, ni debe por cuestión moral, impedir la libre venta de sus productos, pues de ella depende la subsistencia de sus familias.

Defender su derecho a ocupar el espacio público no es un acto de caridad, sino una exigencia de justicia. Es momento de que las autoridades mexicanas, y en particular las queretanas, pasen del discurso de inclusión a políticas verdaderamente interculturales, que respeten y dignifiquen la presencia indígena en las ciudades. Porque la diversidad no se administra; se respeta, se protege y se celebra.